Injerencias extranjeras: a seis meses de las presidenciales, el Senado arma la democracia, pero no lo suficiente
El Senado examina desde este martes un proyecto de ley contra las injerencias extranjeras, mientras que casi un centenar de operaciones habrían apuntado ya a la campaña presidencial según el ministro del Interior. Un texto útil y consensuado, que sin embargo deja de lado lo esencial: la responsabilidad de las plataformas.
Traducción de un artículo publicado originalmente en francés. Leer en francés

A seis meses de la elección presidencial, el Gobierno defendió este martes 20 de octubre ante el Senado su proyecto de ley «relativo a la lucha contra las injerencias extranjeras en la vida democrática». La cifra presentada al inicio de los debates por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, da la medida de lo que está en juego: según Public Sénat, casi un centenar de operaciones digitales extranjeras habrían apuntado ya a la campaña desde el verano.
Los hechos
El texto, aprobado en comisión el 14 de octubre, consta de pocos artículos. Según la síntesis publicada por el Senado, crea un procedimiento de urgencia (référé) que permite a un juez detener rápidamente la difusión en línea de informaciones falsas que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación. Extiende a todas las elecciones, incluidas las locales, el référé electoral existente. Por último, endurece las penas previstas por el código electoral para la difusión de noticias falsas: hasta tres años de prisión y 45.000 euros de multa, frente a un año y 15.000 euros en la actualidad, y hasta seis años cuando la injerencia actúa por cuenta de una potencia extranjera.
Según el informe de la comisión de leyes, Viginum, el servicio del Estado encargado de detectar las injerencias digitales, identificó cuatro operaciones extranjeras durante las elecciones municipales de marzo de 2026, dos de ellas prorrusas. Este verano, como informaba LCP, la fiscalía de París abrió una investigación sobre posibles injerencias rusas dirigidas contra Gabriel Attal y Édouard Philippe, tras un procedimiento similar relativo a Raphaël Glucksmann. Estas campañas se atribuían entonces, según LCP, al modo operativo prorruso denominado «Matriochka».
Francia se equivocaría al creerse a salvo, incluso es un blanco privilegiado. — Laurent Nuñez, en el Senado
El precedente rumano sigue presente en los ánimos. El informe del Senado recuerda que en 2024 un candidato con menos del 1 % de intención de voto cuatro semanas antes de los comicios quedó primero en la primera vuelta con casi el 23 %, antes de que la elección fuera anulada.
Las posiciones en juego
En principio, el texto genera consenso. Pero muchos lo consideran demasiado modesto. Según la AFP, recogida por Boursorama, el proyecto de ley se considera demasiado limitado frente a lo que está en juego en una campaña presidencial. El propio ministro reconoció, según Public Sénat, que no pretende resolver por sí solo la amenaza y que viene a completar el arsenal existente.
La comisión de leyes, presidida por la ponente Muriel Jourda (Les Républicains), centró el référé en los contenidos difundidos por o por cuenta de una potencia u organización extranjera, e impuso al juez resolver en un plazo de 48 horas. El ponente para opinión de la comisión de asuntos exteriores, el socialista Rachid Temal, propuso prohibir el recurso remunerado a influencers durante la campaña, reforzar el control del origen de los fondos prestados a los candidatos y ampliar de tres a seis meses el periodo de protección antes de una elección. Varios senadores, según Public Sénat, quieren además responsabilizar más a las plataformas, y el centrista Laurent Lafon desea crear un delito dirigido a los desarrolladores de inteligencia artificial cuyos modelos hubieran atentado contra el debate democrático.
Existe otra línea de prudencia, la de las libertades. En su dictamen del 16 de julio, el Consejo de Estado juzgó el dispositivo proporcionado, gracias a la intervención de un juez, al procedimiento contradictorio y a criterios acumulativos estrictos: falsedad manifiesta, difusión deliberada, masiva y artificial. No obstante, señaló que el texto iba más allá de las injerencias extranjeras, algo que la comisión ha corregido.
El análisis
Este debate plantea la cuestión en el nivel adecuado, el de la soberanía. Una elección presidencial es el momento en que la Nación elige, sola, quién la encarnará. Que una potencia extranjera compre visualizaciones o imite sitios de prensa local es un ataque directo a la cohesión nacional. La tradición gaullista siempre lo ha sabido: la independencia no se defiende solo en las fronteras.
Pero hay que mirar la herramienta con lucidez. El propio Consejo de Estado expresa dudas sobre su eficacia: una decisión judicial, por rápida que sea, corre el riesgo de llegar después de la propagación de la mentira, y el référé creado en 2018 solo se ha utilizado dos veces en casi ocho años, según el informe del Senado. Endurecer las penas contra operadores instalados fuera de Francia tendrá un efecto disuasorio limitado. El núcleo del problema está en otra parte: en el modelo económico de plataformas que amplifican lo que provoca reacciones, sea verdadero o falso. El informe del Senado cita un falso vídeo de golpe de Estado visto unos 14 millones de veces, cuya retirada Meta habría rechazado.
La respuesta más sólida no es, por tanto, solo penal. Pasa por la aplicación firme del reglamento europeo de servicios digitales, ya que el nivel europeo es el único capaz de pesar frente a las grandes plataformas. Pasa también por una inversión pública duradera: medios para Viginum, para la educación mediática en la escuela, para una prensa independiente y un servicio público de información sólido. La mejor defensa contra la manipulación sigue siendo un ciudadano informado.
Por último, hay que velar por que la lucha contra las noticias falsas nunca se convierta en un instrumento contra la crítica legítima. Centrar el texto en el origen extranjero de los contenidos va en la buena dirección y debe mantenerse hasta el final de la tramitación parlamentaria.
Conclusión
Este proyecto de ley es útil, pero llega tarde y sigue siendo limitado. De aquí a abril, la pregunta es sencilla: ¿se dotará el Estado de los medios, humanos y europeos, para imponer a las plataformas una verdadera transparencia sobre las campañas que amplifican, o se conformará con castigar a posteriori a autores fuera de su alcance?
Artículo redactado con la ayuda de la inteligencia artificial.
El autor
La Rédaction LSR — La rédaction de LSR Media.
